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Acceso A Las Asambleas: La Ley Brown

LEY DE REGISTROS PÚBLICOS

P.13 LEY DE REGISTROS PÚBLICOS

COALICIÓN DE CALIFORNIA PARA LA PRIMERA ENMIENDA

INTRODUCCIÓN AL GOBIERNO ABIERTO

“Un gobierno popular, sin información popular o sin los medios para adquirirla, no es más que el prólogo de una farsa o una tragedia”.

James Madison.

ACCESO A LAS ASAMBLEAS: LA LEY BROWN

I. INTRODUCCIÓN.
La ley de Ralph M. Brown (Artículos 54950-54963 del Código de Gobierno, denominados la “Ley Brown”) tiene el objeto de proveer acceso público a las asambleas de las reparticiones gubernamentales locales de California. Su objetivo se describe en la Ley:

“El pueblo de este Estado no cede su soberanía a las reparticiones que le prestan servicios. El pueblo, al delegar facultades a sus servidores públicos, no les confiere el derecho de decidir qué es conveniente que el pueblo sepa y qué no lo es. El pueblo debe insistir en permanecer informado, para poder retener el control sobre los instrumentos que ha creado”. Artículo 54950 del Código de Gobierno.

Para cumplir este objetivo, los organismos gubernamentales sujetos a las exigencias de la Ley Brown, deben dar público aviso de sus asambleas, anunciar el orden del día de los temas a tratar en ellas y ofrecer acceso público a las citadas asambleas. La notificación pública de cada asamblea sujeta a la Ley Brown es obligatoria, como también lo es el acceso a las mismas, a menos que dicha asamblea haya de celebrarse en sesión cerrada, de conformidad con una excepción específica que consta en la Ley.

No obstante, la Ley Brown es compleja y, a menudo, se suscitan inconvenientes en su aplicación. Los siguientes temas han surgido consistentemente: (1) ¿Qué tipos de organismos públicos están sujetos a la Ley? (2) ¿El organismo público ha cursado la debida notificación de las cuestiones que pretende abordar en el orden del día para la asamblea? (3) ¿Qué constituye una “asamblea” y qué tipos de comunicaciones entre los miembros de un cuerpo legislativo están permitidos fuera de las asambleas? (4) ¿Las excepciones que permiten las sesiones cerradas se aplican como es debido?

Las ambigüedades de la Ley con respecto a estas tres áreas, así como también, la intencionada conducta de muchos oficiales de gobierno, han limitado significativamente el cumplimiento de los objetivos de la misma. A continuación se presenta un breve resumen de la citada Ley, que no pretende cubrir todas sus intrincaciones que han conllevado tanto a litigios como a abusos por parte de las reparticiones que afecta.

II. ¿QUÉ ORGANISMOS PÚBLICOS ESTÁN SUJETOS A LA LEY?

Los organismos públicos sujetos a la Ley incluyen:

A. El organismo administrativo de una repartición local o cualquier otra entidad local creada por la ley estatal o federal.1

De esta manera, quedan cubiertas entidades tales como concejos municipales, comités de supervisores, consejos escolares, reparticiones de reurbanización y comités para el control de la contaminación ambiental. La magistratura no está cubierta. Las reparticiones estatales y la legislatura quedan cubiertas por actos separados y similares.

B. Una comisión, comité, consejo u otro organismo de una repartición local, creado por carta orgánica, ordenanza, resolución o acción formal de un organismo legislativo.2

1. Los comités asesores, compuestos exclusivamente por los miembros del organismo legislativo, que constituyen menos de un quórum y que no tienen ni un alcance comercial continuo ni un cronograma establecido por el organismo legislativo, no están cubiertos por la Ley.

2. Los comités permanentes están incluidos si tienen cronogramas fijos establecidos por acción oficial, independientemente de su composición.

Por ejemplo, un comité permanente de un concejo municipal —como sería el caso de un comité de presupuestos o un comité de reglamentos— quedaría sujeto a la Ley Brown. Sin embargo, un comité ad hoc, conformado por tres de los siete miembros del consejo designados para investigar un reclamo de fraude, no lo estaría. (La Ley Brown se aplicaría si un ciudadano u otra persona que no sea miembro del consejo fuera designado para el comité.)

Además, si bien un comité permanente que se reúne de conformidad con un cronograma regular siempre está sujeto a la Ley Brown, incluso los comités permanentes que se reúnen con poca frecuencia o esporádicamente están sujetos a la Ley Brown si consisten en más de un quórum, o si tienen poderes permanentes para abordar temas inherentes a la competencia en razón de la materia del organismo principal.3

C. Un consejo, comisión, comité u otro organismo de múltiples miembros que gobierna a una entidad privada, que:

1. sea creado por dicha entidad para ejercer la autoridad en su nombre y representación; o

2. reciba fondos de una repartición local e incluya en su consejo administrativo, a un miembro del organismo legislativo de dicha repartición, que sea designado por el organismo legislativo.4

Por ejemplo: (1) Si una ciudad crea un distrito de evaluación local especial, recoge avalúos de propietarios de tierras locales y establece, mediante una ordenanza, que los programas pagados con dichos fondos se administren a través de una asociación sin fines de lucro, la empresa sin fines de lucro constituida para controlar dichos programas quedará sujeta a la Ley;5 y (2) si una empresa privada, sin fines de lucro recibe fondos de una ciudad y la empresa tiene un miembro del consejo en su directorio, que haya sido designado por el concejo municipal, la empresa quedará sujeta a la Ley.

D. El consejo administrativo de la empresa privada a la cual un distrito hospitalario público ha derivado el control de un hospital.6

E. Las reparticiones estatales no están cubiertas por la Ley Brown, pero sí deben acatar los dictados de la Ley de Asambleas Abiertas Bagley-Keene, que se asemejan en mucho a la Ley Brown. Los tribunales y oficinas administrativas judiciales están exentos de las leyes estatales aplicables en materia de asambleas abiertas.

III. ¿CON CUÁNTA ANTICIPACIÓN DEBE NOTIFICARSE LA ASAMBLEA?

A. Debe cursarse un aviso anticipado de las asambleas:

1. Las asambleas ordinarias deben anunciarse publicando el orden del día por lo menos 72 horas antes de que tenga lugar la asamblea.7 (Usted puede solicitar que se le envíe por correo una copia del orden del día y de “toda la documentación que constituya el paquete del orden del día”. Se la remitirán cuando se publique o cuando se distribuya el orden del día a una mayoría del organismo legislativo, lo que ocurra primero. La repartición puede cobrarle un arancel por el despacho por correo de los materiales, el cual no debe exceder el costo de proveer el servicio postal).8

2. Es posible que se convoquen asambleas extraordinarias, pero sólo con 24 horas de anticipación en cada periódico local de circulación general, estación de radio o televisión que haya solicitado el aviso por escrito. El aviso debe publicarse en un lugar al que el público tenga libre acceso. En la asamblea especial, sólo pueden tratarse los temas especificados como asunto de debate. 9

3. Es posible que se convoquen asambleas de emergencia, en ciertas circunstancias específicas y drásticas (“huelga laboral, paralización de las actividades u otra actividad que deteriore severamente la salud pública, seguridad o ambas cosas, según lo determine una mayoría de los miembros del organismo legislativo”.). El aviso de 24 horas no es necesario, pero de ser posible, se requiere una notificación de una hora de aquellos medios que soliciten el aviso.10

B. El orden del día debe contener una breve descripción de cada punto a tratar (por lo general, no debe superar las 20 palabras).11

1. Las descripciones del orden del día no deben ser engañosas. De acuerdo con las pautas del Fiscal General del Estado de California para la aplicación de la Ley Brown, “el objetivo de la breve descripción general consiste en informar a los miembros del público interesados acerca del tema que se está considerando, para que puedan determinar la conveniencia de realizar un seguimiento de la asamblea del organismo o participar en ella”.12 Por ejemplo, sería manifiestamente inapropiado usar el tema “control de inundaciones” del orden del día, para referirse a un debate sobre un pedido al Congreso para que exima a un cierto arroyo de la Ley de Ríos Salvajes y Paisajísticos [Wild and Scenic Rivers Law].13

2. Los temas de la sesión cerrada deben incluirse en el orden del día.14

(a) Deben estar descritos con el detalle suficiente como para proteger la confidencialidad del tema a tratar, pero al mismo tiempo, deben proveer al público una idea general del tópico que se está estudiando en la sesión cerrada. (Véase el análisis presentado más debajo de lo que debe incluirse para las exenciones específicas).

(b) Por cierto, la Ley detalla el contenido recomendado de las notificaciones de los órdenes del día de las sesiones cerradas y establece un “puerto seguro”, garantizando que las reparticiones de gobierno no violarán los requisitos de la Ley referidos al orden del día, si se sigue el formato recomendado.15

C. No se puede implementar acción alguna sobre los puntos no incluidos en el orden del día, excepto por:

1. Las respuestas breves al testimonio público.

2. Los pedidos de aclaraciones al personal o referencias de los asuntos.

3. Los informes breves sobre las actividades personales.

4. En caso de emergencia (ver más arriba).

5. Cuando dos tercios del organismo legislativo estén de acuerdo en que impera tomar una medida inmediata sobre una cuestión sobre la que el organismo pudo no haber tenido conocimiento antes (ver más arriba).

IV. ¿QUÉ ES UNA ASAMBLEA?

A. Una asamblea, tal como lo define la Ley, incluye cualquier “congregación de una mayoría” de un organismo legislativo, en el mismo momento y lugar para “escuchar, debatir o deliberar” sobre cualquier tema que encuadre en la competencia del organismo.

1. Como lo explica el Fiscal General del Estado: “Esta definición aclara que el organismo no necesita asumir ninguna acción para que una reunión se defina como una asamblea. Una reunión es una asamblea si una mayoría de los miembros del organismo simplemente recibe información o expone su forma de pensar sobre un determinado tema. Una asamblea también cubre las deliberaciones de un organismo, incluso la consideración, análisis o debate de un asunto y cualquier voto que se pueda haber tomado en último término”.16

2. Una asamblea no tiene que anunciarse formalmente, ni incluirse en ninguna agenda, ni acordarse para que este sujeta a la Ley.17

B. Las Asambleas en serie, ya sea celebradas personalmente, por vía telefónica, fax o por intermediarios, constituyen una asamblea si se realizan para “desarrollar una concurrencia colectiva en cuanto a la acción”.18

1. Por ejemplo, entre el abogado de una repartición de reurbanización y los miembros del consejo administrativo de la repartición se mantuvo una serie de conversaciones telefónicas individuales para constituir una asamblea. El abogado de la repartición había recabado el voto individual de los miembros del organismo para obtener su aprobación para una transacción inmobiliaria. La corte falló que aunque los miembros nunca se reunieron, sus comunicaciones constituyeron una asamblea a los efectos de la Ley.19

2. De un modo similar, cuando el Concejo Municipal de San Diego indicó al personal que tomara ciertas medidas en un inminente procedimiento de dominio, en una carta firmada por un quórum del consejo, la corte sostuvo que era violatoria de la Ley Brown.20

3. Con respecto a las comunicaciones por correo electrónico, el Fiscal General opinó de esta manera: “Esta oficina [ha llegado] a la conclusión de que una mayoría de los miembros de un organismo violaría la Ley si se enviaran mensajes de correo electrónico unos a otros, respecto de temas actuales que sean competencia del organismo, aun si los mensajes de correo electrónico también se enviaran a la secretaria y al presidente de la repartición, si los mensajes de correo electrónico se anunciaran en un sitio web en la Internet de la repartición y se remitiera una versión impresa de cada mensaje de correo electrónico en la siguiente asamblea pública del organismo. La opinión concluyó que estas salvaguardas no bastaron para satisfacer ya sea la letra expresa de la Ley o algunos de sus propósitos. Específicamente, dichas comunicaciones de correo electrónico no estarían a disposición de las personas que no tuvieran acceso a la Internet. Aun si una persona tuviera acceso a la Internet, las deliberaciones sobre un tema en particular podrían completarse antes de que una persona interesada tuviera la oportunidad de involucrarse”.21

4. Por otro lado, la Corte Suprema de California sostuvo que un memorándum de un abogado de un organismo público dirigido a los miembros del organismo no constituía una asamblea en virtud de la Ley.22

5. Obsérvese que se ha sostenido que el organismo público no necesitaba implementar acción formal a través de la asamblea serial para haber celebrado una “asamblea”, en contravención de la Ley. Un tribunal llegó a la conclusión de que la Ley se aplica igualmente a las deliberaciones de un organismo y su decisión de actuar. El tribunal decidió que si un compromiso colectivo fuese un elemento necesario, el organismo podría llevar a cabo la mayoría o toda su deliberación a puertas cerradas, toda vez que dicho organismo no llegase realmente a un acuerdo antes de la consideración en la sesión pública.23

C. Quedan exceptuados de la definición de asamblea:

1. Los contactos o conversaciones individuales.24

2. La concurrencia de una mayoría de los miembros en una conferencia abierta al público, que implique un debate de interés general para el público o “para las reparticiones públicas de ese tipo” que concurren a la conferencia, siempre y cuando los miembros no discutan asuntos legislativos entre ellos. Puede cobrarse un arancel a los miembros del público.25

3. La asistencia de una mayoría de los miembros a una asamblea abierta y anunciada, convocada por una persona ajena al organismo legislativo, para discutir temas de interés común.26

4. La asistencia de una mayoría de los miembros a una asamblea abierta y anunciada de otro organismo de la repartición local, siempre y cuando los miembros no discutan entre ellos temas que están dentro de su competencia y que no constituyen la esencia de la asamblea.27

5. La asistencia a un evento ceremonial o social por parte de una mayoría de los miembros, siempre y cuando los miembros no discutan entre ellos temas que están dentro de su competencia.28

6. La asistencia de una mayoría de los miembros de un organismo legislativo a una asamblea abierta y de cuya celebración se hubiera dado aviso, de un comité permanente de dicho organismo, siempre y cuando los miembros del organismo legislativo que no sean miembros del comité permanente concurran sólo como observadores.29

D. La asamblea debe celebrarse dentro de los límites de la jurisdicción de la repartición, salvo: 30

1. Cuando fuera necesario para cumplir con la ley estatal o federal o una orden judicial.

2. Para inspeccionar bienes muebles o inmuebles, sobre los que la repartición tenga control, siempre y cuando el tema de la asamblea esté relacionado con dichos bienes.

3. Para participar en asambleas de múltiples reparticiones, siempre y cuando todas las reparticiones notifiquen debidamente la asamblea y que la asamblea tenga lugar en la jurisdicción de una de las reparticiones involucradas.

4. Para reunirse con los oficiales federales o estatales, cuando una asamblea local sería impráctico, solamente para debatir cuestiones de relevancia con dichos oficiales.

5. Para reunirse en el centro de asambleas más cercano o en la oficina principal del organismo, si no existe ningún centro de asambleas en la jurisdicción del organismo.

6. Para reunirse en un establecimiento excluido de la jurisdicción, si el establecimiento es de propiedad del organismo, siempre y cuando el debate en la asamblea esté limitado a los puntos directamente relacionados con el establecimiento.

7. Para visitar al asesor legal a fin de analizar un litigio pendiente, cuando al hacerlo se reduzcan los honorarios.

8. Los consejos escolares pueden reunirse fuera del Distrito respecto de diversos temas laborales y de empleo.

9. Las autoridades con poderes conjuntos de todo el estado pueden reunirse dentro de los territorios de cualquiera que componga su organización.

E. Las asambleas ordinarias deben celebrarse en un horario, lugar y ubicación establecidos por acción oficial (por ejemplo, estatutos, ordenanza, resolución).31 Si no fuera seguro reunirse en un lugar designado por una emergencia, el nuevo lugar debe ser publicado mediante un aviso en los medios locales, en la forma de comunicación más rápida disponible en el momento.32

1. El lugar de la asamblea debe ser accesible para todos los miembros del público.33

2. No se puede cobrar entrada para ingresar a las asambleas.

3. Está prohibido el registro del nombre de una persona o cualquier otra condición de admisión.34

4. Se permite el uso de cámaras fotográficas y de video, así como también, el de grabadoras en cinta, y toda grabación de una asamblea sujeta a la Ley realizada bajo la dirección del organismo público es un registro público.35

5. Los organismos públicos deben permitir la radiodifusión de sus asambleas, a menos que puedan demostrar que al hacerlo causarían una alteración persistente de sus procedimientos.36

F. Los registros distribuidos en una asamblea pública son registros públicos, a menos que quede exceptuado de otro modo en virtud de la Ley de Registros Públicos.37 El público tiene derecho a obtenerlos en la asamblea —si fueron preparados por la repartición pública— o después de la asamblea —si otra persona los preparó. (Esto no significa que la repartición no tiene que suministrarlos antes de la asamblea si estuvieran disponibles; sólo que debe ponerlos a disposición a la hora de celebrarse la asamblea, como máximo).38

G. Deben establecerse los plazos para que el público haga comentarios al respecto.39

1. Los organismos públicos pueden imponer limitaciones en los plazos para los comentarios del público.40

2. Los organismos públicos no pueden prohibir las críticas de “las políticas, procedimientos, programas o servicios de la repartición o de los actos u omisiones del organismo legislativo.”41

3. La capacidad de disertar y realizar críticas en las asambleas de los organismos públicos también está protegida en la Primera Enmienda. En particular, la Primera Enmienda se ha efectuado para proteger el derecho de los ciudadanos a criticar el desempeño de los oficiales de gobierno y empleados en particular, en las asambleas públicas.42

V. ¿EN QUÉ CASOS EL PÚBLICO PUEDE ESTAR EXCLUIDO?

No se puede excluir al público de una asamblea, salvo según lo autorice expresamente lo consagrado por la Ley Brown.

Un organismo público puede excluir al público de las asambleas, celebrando lo que se denomina “sesiones cerradas” o “sesiones ejecutivas”, en las siguientes circunstancias: (1) para determinar si el solicitante de una licencia o renovación de licencia, que tiene antecedentes penales, se ha rehabilitado lo suficiente como para obtener la licencia;43 (2) para reunirse con su negociador, para conferir poderes referentes al precio y los términos de pago para la compra, venta, trueque o alquiler de bienes inmuebles;44 (3) para efectuar una conferencia con su asesor legal, o recibir consejos de este último, respecto de un litigio pendiente, cuando el debate en una sesión abierta referido a estos asuntos perjudicaría la posición de la repartición local en el litigio;45 (4) para reunirse con el Fiscal General del Estado, el fiscal de distrito, el asesor de la repartición, el comisario o jefe de policía o sus respectivos reemplazantes o un asesor e materia de seguridad o un gerente de operaciones de seguridad, sobre cuestiones que constituyan una amenaza para la seguridad de edificios públicos, una amenaza para la seguridad de los servicios públicos esenciales o una amenaza para el derecho público de acceso a los servicios públicos o a las instalaciones públicas;46 (5) para considerar la designación, empleo, evaluación de desempeño, disciplina o despido de un empleado público o para escuchar quejas o acusaciones planteadas contra el empleado por otra persona o por otro empleado;47 (6) para reunirse con los representantes designados de la repartición local, respecto de los salarios, planes salariales o beneficios complementarios de sus empleados representados y no representados y, para los empleados representados, cualquier otro asunto comprendido en los alcances de su representación, según los estatutos.48 También existen otras circunstancias más, muy limitadas, por las cuales pueden celebrarse sesiones cerradas.49

Sin embargo, aunque hay muchas disposiciones vigentes que permiten las sesiones cerradas, algunas de ellas son las que más comúnmente se invocan y por lo tanto, son las más proclives a cuestionamientos y controversias. Dichas disposiciones se analizan más abajo.

A. Asambleas con el negociador de un organismo antes de la compra, venta, trueque o alquiler de un inmueble, para conferir poderes al negociador, a fin de que decida sobre el precio y las condiciones de pago. 50

1. El aviso de sesión cerrada debe consignar el domicilio de la propiedad, la identidad del negociador y si la instrucción comprenderá el precio, las condiciones de pago o ambas cosas.51

2. Antes de la sesión cerrada, el organismo público debe celebrar una sesión abierta y pública, en la que identifique a sus negociadores, el inmueble o los bienes muebles, que puedan verse afectados por las negociaciones, y la persona o personas con quienes pueden negociar dichos negociadores.

3. Nota: esta disposición ha sido objeto de un abuso considerable. Por ejemplo, las reparticiones gubernamentales involucradas en enormes transacciones multifacéticas han usado una parte del inmueble de la potencial transacción para debatir en secreto toda la cuestión. También se ha invocado para cubrir asambleas a las que concurrieron los representantes de la parte contraria en la negociación.

B. Asambleas para discutir “litigios pendientes”. 52 Esta excepción se ha delineado con sumo cuidado, debido a las frecuentes controversias suscitadas en el pasado.

1. Litigio es todo procedimiento resolutorio.

2. Litigio pendiente es: (a) un litigio formalmente iniciado en el que el organismo es una de las partes; (b) una situación en la que, sobre la base de las recomendaciones del asesor, que toman en cuenta los “hechos y circunstancias reales”, existe una “exposición significativa” al litigio; o (c) cuando la repartición propiamente dicha ha decidido o está decidiendo si debe iniciar o no el litigio.53

3. Para el litigio existente, el aviso de sesión cerrada debe establecer la carátula de la causa o el nombre de las partes (a menos que esto amenace la notificación del proceso o las negociaciones de acuerdo existentes) y para los litigios previstos o para los litigios que la repartición esté considerando iniciar, debe establecer la cantidad de casos potenciales.54

4. Antes de llevar a cabo una sesión cerrada de conformidad con este artículo, el organismo legislativo de la repartición local debe establecer el orden del día o anunciar públicamente el inciso de este articulo que autoriza la sesión cerrada. Si la sesión es cerrada de acuerdo con el inciso (a), el organismo debe indicar la carátula de la causa o identificar específicamente de otro modo el litigio a abordar, a menos que el organismo establezca que al hacerlo, estaría comprometiendo la aptitud de la repartición de cursar la notificación del proceso a una de las partes no notificadas, o que al hacerlo, estaría poniendo en peligro su capacidad de concluir negociaciones existentes ventajosas para llegar a un arreglo.55

C. Asambleas con oficiales policiales o asesores de seguridad sobre amenazas a la seguridad de edificios públicos, a los servicios públicos esenciales o el derecho del público a acceder a los servicios o instalaciones públicas; 56

1. El aviso de sesión cerrada debe identificar la entidad policial y establecer el nombre y cargo de dicho oficial policial.57

2. Nota: es previsible que esta excepción se invoque cada vez con mayor frecuencia.

D. Asambleas para discutir la designación, empleo, evaluación de desempeño, disciplina o despido de un empleado público o para escuchar las quejas planteadas contra un empleado. 58

1. El aviso de sesión cerrada debe indicar la vacante a ocupar o el cargo del empleado sometido a revisión. No necesita hacerlo en caso de quejas. 59

2. Nota: un oficial electo no es un empleado público. 60

3. Nota: el empleado puede solicitar una audiencia pública. 61

E. Asambleas con sus agentes, para discutir negociaciones de convenios colectivos específicos, pero sólo con respecto a la revisión del cargo de la organización de los empleados y para dar instrucciones a los agentes con respecto a estas negociaciones específicas.

1. El aviso de sesión cerrada debe indicar el nombre del negociador de la repartición y la organización de empleados con la que la repartición está negociando. Si la repartición está negociando con empleados no representados, el aviso debe indicar sus cargos.62

VI. DESPUÉS DE UNA SESIÓN CERRADA.

A. La repartición debe anunciar públicamente la acción tomada en la sesión cerrada, de la siguiente manera:

1. Aprobación de un acuerdo de cierre de negociaciones inmobiliarias, inmediatamente —si la sesión cerrada deriva en un acuerdo final— y a solicitud —si el acuerdo ha de finalizarse con posterioridad.63

2. Acuerdo definitivo de un litigio pendiente, así como también, aprobación para la defensa, apelación o participación en un litigio.64

3. Acción tomada sobre los reclamos.65

4. Acción tomada para designar, emplear, despedir, aceptar la renuncia o afectar de cualquier otro modo la condición laboral de un empleado público, por nombre de cargo.66

5. Aprobación de un contrato de trabajo.67

6. El público tiene derecho a recibir copias de los contratos, acuerdos y otra documentación aprobada por el organismo público y con sujeción a cualquiera de estos requisitos de reporte.68

B. Registros mantenidos durante una sesión cerrada.

1. Una repartición local puede llevar un libro de actas, donde se reflejen las medidas adoptadas durante una sesión cerrada, pero no tiene obligación de hacerlo.69

2. Si de hecho lleva un libro de actas o documentación similar, dichos registros no constituyen un registro público.70

3. De no mediar una orden judicial, una repartición local no tiene obligación de grabar los debates de una sesión cerrada.71

VII. Aplicación de la Ley Brown.

A. Una violación a conciencia de la Ley Brown, con la intención de privar al público de la información a la que tiene derecho, constituye un delito. Nunca nadie ha sido exitosamente procesado por una violación de la Ley Brown.

B. El Fiscal de Distrito o un miembro del público puede entablar una demanda para:

1. Obligar a la repartición local a cumplir con la Ley Brown.72

2. Obtener una sentencia respecto de que una práctica en particular de la repartición local viola la Ley Brown. 73

3. Obtener una sentencia respecto de que la repartición local está violando los derechos de libre expresión de uno o más de sus miembros, en su búsqueda de hacer callar a dicho miembro.74

4. Anular una acción implementada en una asamblea ilegal.75

(a) Debe cursarse un aviso y una solicitud para “subsanar y corregir” la violación, por escrito, dentro de los noventa (90) días desde la fecha en que la acción fue implementada. (Treinta (30) días es la base para el aviso de que la acción no figuraba en un orden del día o no se había descrito en forma adecuada).76

(b) La repartición local tiene treinta (30) días para implementar una acción.77

(c) Si la repartición local responde y se niega a corregir el problema o no implementa ninguna acción, el acusador tiene quince (15) días para iniciar una demanda judicial, a fin de anular la acción.78

5. Es posible percibir el reintegro de los honorarios de los abogados. No son obligatorios, pero por lo general se adjudican a los demandantes ganadores del juicio en los casos sobre la Ley Brown.79

ACCESO A LOS REGISTROS:
LA LEY DE REGISTROS PÚBLICOS

I. MARCO DE TRABAJO.

A. Estructura básica.

Todos los registros públicos están sujetos a divulgación, a menos que encuadren dentro de una de las excepciones consagradas en la Ley de Registros Públicos (“PRA”, Public Records Act).80

B. Definición amplia de “Registros públicos”.

La definición de registros públicos en la PRA incluye la mayoría de los documentos generados o usados por el gobierno.81

C. Numerosas excepciones.

La PRA está sujeta a numerosas excepciones. Existe una serie de excepciones categóricas en el Artículo 6254 del Código de Gobierno, que a menudo es invocado por las reparticiones públicas al negar el acceso a los registros. Existe una exoneración general de responsabilidades [“Catch-All”], creada por el Artículo 6255 del Código de Gobierno. Además, hay varios centenares no incluidos en la PRA en sí, aunque establecidos en otros estatutos e incorporados en la PRA en virtud del Artículo 6254(k) del Código de Gobierno. Los Artículos 6275-6276.48 del Código de Gobierno confieren un listado de muchos estatutos (aunque no de todos ellos) que pueden limitar la divulgación de información contenida en los registros públicos.

II. ¿SOBRE QUÉ REPARTICIONES RIGE LA LEY?

A. Estado: todas las reparticiones estatales, excepto las dependencias legislativas y judiciales.82

1. Los tribunales y las entidades judiciales administrativas (tales como el Consejo Judicial y la Oficina Administrativa de los Juzgados) no están sujetos a la PRA. El acceso a los registros de los juzgados se rige por el Derecho Constitucional y los principios del Derecho Común, establecido por la jurisprudencia, por las Normas Judiciales de California, y por estatutos separados que rigen sobre ciertos registros de los tribunales.

2. Registros legislativos estatales no disponibles en virtud de la PRA. Existe un estatuto separado que rige sobre los registros de la Legislatura (la Ley de Registros Abiertos Legislativos).83

B. Local: todas las dependencias locales, incluso los distritos escolares y cualquier consejo o comisión de una ciudad, condado, corporación municipal u otra subdivisión política.84 Nota: si un organismo público está sujeto a la Ley Brown, también está sujeto a la PRA.

C. Propuesta 59: la cobertura de la Propuesta 59 (Artículo 3(b) de la Sección I de la Constitución de California) parece ser más amplia que la de la PRA. Específicamente, los juzgados y organismos administrativos judiciales pueden estar sujetos al derecho constitucional de acceso en virtud de las disposiciones de la Propuesta 59.85

III. ¿QUÉ SON LOS REGISTROS PÚBLICOS?

A. Escritos.

1. Incluyen manuscritos, fotografías, películas, grabaciones sonoras, mapas, cintas magnéticas, discos de computadoras —virtualmente, cualquier medio para grabar cualquier forma de comunicación.86

2. Los datos de las computadoras claramente quedan comprendidos en la definición de un registro público.87

B. Que contienen información referida a la realización de temas del público.

1. El requisito de que un registro se refiera a la realización de temas del público ofrece una interpretación muy amplia y rara vez disputada.88

2. De acuerdo con los antecedentes legislativos de la PRA:
Esta definición pretende cubrir toda clase concebible de registro comprendido en el proceso gubernamental… Sólo la información netamente personal, no referida a “la realización de temas del público” podría considerarse exceptuada de esta definición, es decir, la lista de compras que uno hace por teléfono desde su casa, la carta a un oficial pública de un amigo, que esté totalmente desprovista de toda referencia a las actividades gubernamentales.89

3. Incluye los nombres de empleados públicos,90 aunque puede no incluir domicilios y números telefónicos particulares de los empleados estatales.91 Obsérvese, sin embargo, que el acceso a los nombres de funcionarios y empleados públicos cada vez es más controvertido. El hecho de buscar acceso a los nombres de los empleados públicos que son sujeto de investigaciones o controversias puede estar justificado.92 Sin embargo, como cuestión práctica, es probable que usted obtenga más información y con mayor rapidez si acepta que los nombres esos empleados se mantengan ocultos.

4. Tenga en cuenta que los nombres e información de contacto para los ciudadanos privados también pueden estar exentos, en particular, los que presentan información o quejas al gobierno con la expectativa de que se mantenga la confidencialidad. El aceptar que dichas reparticiones públicas retengan dicha información, también puede agilizar un pedido.

C. Registros que una repartición estatal o local prepara, usa o retiene o de los cuales es propietaria.

Los registros no necesariamente deben estar bajo la custodia real de la repartición pública, si ésta los prepara, los usa, o es su propietaria.

D. Independientemente de su forma o características físicas.
La información retenida en formato electrónico debe ponerse a disposición en cualquier forma electrónica en la que la repartición retenga la información.93

IV. ¿CÓMO OBTIENE EL ACCESO?

A. Inspección.

1. Los registros deben estar disponibles para la inspección durante los horarios habituales de atención de la repartición.94

2. Procedimientos.

(a) Las reparticiones pueden adoptar procedimientos a seguir, pero estos no pueden limitar los horarios durante los cuales los registros estén disponibles.

(b) Algunas reparticiones tienen la obligación de adoptar pautas escritas para la accesibilidad de los registros y hacer que estas pautas estén disponibles en forma gratuita, mediante una solicitud por escrito.95

B. Copias.

1. Usted tiene derecho a recibir copias de los registros públicos.96

2. Procedimientos

(a) Por ley, no está obligado a hacer un pedido por escrito, pero de todas maneras hágalo de este modo. Esto le brinda un registro de lo que se solicitó y establece la fecha en la que comienza a correr el tiempo para obtener la respuesta.

(b) La repartición debe responder a un pedido de registros públicos dentro de los diez (10) días. La repartición puede extender el tiempo para responder por catorce (14) días más.97

(c) Usted tiene derecho a una copia exacta, a menos que sea impracticable proveer una.98

(d) La dependencia puede cobrarle un arancel “que cubra los costos directos de la duplicación” (o un arancel fijado por un estatuto).99

(1) El “costo directo” no incluye la búsqueda y el tiempo de recuperación.100

(2) El “costo directo” incluye los costos de mantenimiento y el salario del empleado por el tiempo que invirtió en el copiado (esencialmente, lo que cobraría una tienda de fotocopias —por lo general $0,10- 0,25 por página, salvo que sean copias inusuales).

(3) Nota: es probable que los condados tengan autorización, por estatuto, a cobrar aranceles que superen los “costos directos de duplicación”, toda vez que los aranceles no superen la cantidad razonablemente necesaria para recuperar el costo de proveer la copia.101

(e) Usted tiene derecho a recibir copias de documentos en forma electrónica, aunque las reparticiones públicas pueden resistirse a la divulgación si los registros están sujetos a manipulación en su forma electrónica original.102 De plantearse esta situación, compruebe si la repartición puede convertir fácilmente el documento electrónico en una forma estática (por ejemplo, convertir un archivo de Word en un archivo .pdf de Adobe). Los aranceles que pueden cobrarse por obtener una copia electrónica pueden variar, pero por lo general se limitan al costo directo de proveer la copia en un formato electrónico.103

C. Materiales que contienen tanto la información exceptuada como la no exceptuada.

1. Usted tiene derecho a las partes no exentas de un registro, si fueran razonablemente segregables.104

2. Siempre pida que se le provea cualquier parte razonablemente segregable.

D. Asistencia.

1. El Artículo 6253.1 del Código de Gobierno obliga a las reparticiones públicas a asistir al público para que efectúe pedidos concretos y efectivos, que describan razonablemente registros identificables.

2. Las reparticiones públicas tienen obligación, en la medida de lo razonable, de hacer todo lo siguiente:

(a) Ayudar al público a identificar registros e información que responda al pedido u objeto del pedido;

(b) Describir la tecnología informática y lugar físico en el que existen los registros;

(c) Aportar sugerencias para superar toda base práctica para negar acceso a los registros o a la información buscada.

3. En sus pedidos escritos referidos a la PARA, incluya siempre la solicitud de asistencia, en virtud del Artículo 6253.1 del Código de Gobierno.

4. En general, solicite a la repartición que identifique los registros o información que responda a su pedido y describa el lugar donde se encuentran.

V. EXENCIONES.

A. La Ley de Registros Públicos contiene o incorpora numerosas exenciones.

1. La PRA propiamente dicha contiene varias exenciones que permiten a las reparticiones públicas retener ciertas categorías de registros. La mayoría de ellos se describen en el Artículo 6254 del Código de Gobierno. Hay otras exenciones incluidas en artículos separados.

2. La PRA también incluye una disposición que exceptúa registros cuya divulgación está exenta o prohibida, de conformidad con la ley federal u otras leyes estatales. El Artículo 6254(k) del Código de Gobierno incorpora, literalmente, cientos de exenciones estatutarias, la mayoría de las cuales se listan al final de la PRA (Código de Gobierno § 6275 y siguientes), incluso, por ejemplo:

(a) Prontuarios policiales (“información obrante en expedientes de delincuentes penales”).105

(b) Registros médicos.106

(c) Registros de tribunales en un procedimiento de detención ilegal (sellado durante 60 días o indefinidamente, si el acusado gana el juicio).107

(d) Información de comercialización de frutillas.108

3. Nota: el hecho de que se incluya un estatuto en esta lista no significa que necesariamente crea una exención.109 Usted debe leer el estatuto para determinar si realmente impide la divulgación de registros públicos.

B. Exenciones que se invocan con frecuencia. Las siguientes son algunas de las exenciones más comunes:

1. Borradores o notas preliminares que normalmente no se retienen, siempre y cuando el interés público en la retención de los mismos supere el interés público en la divulgación (§ 6254(a) del Código de Gobierno).

2. Archivos del personal, médicos y similares (§ 6254(c) del Código de Gobierno).

(a) Esta exención por lo general se invoca cuando la repartición pública cree que un pedido busca información perteneciente a funcionarios públicos o empleados identificables que es privada o controvertida.

(b) Información salarial: los tribunales actualmente tienen opiniones divididas respecto de si la información salarial del empleado público está sujeta a un derecho de privacidad que la exceptúe de la divulgación.110 La Corte Suprema ha aceptado conocer una causa que aborda esta cuestión.

(c) Investigaciones de la mala conducta de un empleado: los Tribunales de California han establecido una norma bastante liberal para la divulgación de registros públicos referidos a quejas o investigaciones de mala conducta por parte de empleados u oficiales públicos.

Han sostenido que existe una política pública contra la divulgación de “acusaciones triviales o carentes de fundamentos”, pero que “en el supuesto en que las acusaciones se verifiquen o si se imponen sanciones disciplinarias, se desvanece la fuerte política pública que se opone a la divulgación; esto se verifica aun cuando la sanción sea una reprobación privada. En dichos casos un miembro del público tiene derecho a la información acerca de la queja, la sanción disciplinaria y la ‘información sobre la que se basa’ ”111

Además, han sostenido que “cuando hay una causa razonable para creer que la queja está bien fundada, el derecho de acceso público a los registros públicos relacionados existe.”112

3. Los registros correspondientes a litigios pendientes en los que la repartición pública sea parte (§ 6254(b) Código de Gobierno).

(a) Deben haberse preparado para usarse en el litigio.113

(b) La PRA puede usarse para obtener documentos generados en el litigio, en los que el solicitante es parte.114

(c) La exención ya no se aplica cuando el litigio se resuelve.115

(d) La exención es más amplia que la exención por secreto profesional; protege cualquier secreto profesional generado por una repartición pública, anticipando el litigio.116

(e) Pero obsérvese que los registros protegidos por la relación de confidencialidad entre abogado y cliente o la doctrina del secreto profesional permanecen exentos de la divulgación (de conformidad con el artículo 6254(k) y el Código de Evidencia de California), incluso después de que el litigio se resuelva.

4. Los registros de dependencias policiales/facultadas a otorgar permisos y concesiones, referidos a quejas, expedientes de investigación y de seguridad (§ 6254(f) del Código de Gobierno).

(a) Ésta es una exención compleja. En general, no se requiere que los expedientes investigativos de carácter policial se hagan públicos. El ejemplo más típico de estos registros son las denuncias policiales.

(b) Sin embargo, las dependencias encargadas de la ejecución de las leyes tienen la obligación de hacer públicas ciertas categorías de información, incluso aquellas categorías de información que generalmente contienen los archivos de investigación policial. La información que obligatoriamente debe hacerse pública se describe en mayor detalle más abajo.

(c) La exención para los archivos de investigación de la repartición policial y con facultades para otorgar permisos y concesiones surge “sólo cuando el prospecto de procedimiento de ejecución se concreta y adquiere un carácter definitivo”.117

(d) Sin embargo, una vez que los materiales se declaran exentos, conservan esta condición en forma permanente, incluso después de terminada la investigación.118

5. Exoneración general de responsabilidades.

(a) § 6255 del Código de Gobierno. Esta disposición exceptúa de la divulgación a cualquier registro si “sobre los hechos del caso en particular, el interés público al que se atiende al conservar la confidencialidad del registro claramente supera el interés público al que se atiende al divulgar el registro”.

(b) Privilegio del proceso deliberativo. Esta exención incluye el “privilegio del proceso deliberativo”, permitiendo que no se divulguen los registros que revelan las deliberaciones de los oficiales de la repartición. Esta doctrine fue creada por la Corte Suprema de California, en 1991, en un caso que involucraba un pedido de los calendarios del entonces Gobernador Deukmejian, y desde entonces se ha aplicado en muchos otros contextos, incluso registros de llamadas telefónicas efectuadas por los miembros del concejo municipal y registros referidos a las solicitudes al Gobierno, con el propósito de ocupar cargos vacantes en los consejos de supervisores de los condados. De acuerdo con la Corte Suprema, “la cuestión clave en cada caso reside en si la divulgación de los materiales expondría o no el proceso de toma de decisiones de una repartición, de manera tal de desalentar la cándida discusión con la misma y, por lo tanto, socavar su aptitud de llevar a cabo sus funciones”.119

(c) Propuesta 59. La Propuesta 59 puede haber eliminado el “privilegio del proceso deliberativo”. Ciertamente, ése era su propósito. Los argumentos en la votación a favor de la Propuesta 59 declaran, en parte, lo siguiente: “¿Para qué servirá la Propuesta 59? Para crear un nuevo derecho civil: un derecho constitucional de saber qué está haciendo el gobierno, por qué lo hace y cómo… Permitirá al público ver y entender el proceso deliberativo a través del cual se toman las decisiones”.

C. Las exenciones no son obligatorias.

1. A pesar de la existencia de una exención, una repartición puede permitir la inspección a menos que la divulgación esté prohibida por ley.120

2. De este modo, si una repartición ha divulgado la información buscada, puede haber renunciado a su derecho de reclamar la exención (§ 6254.5 del Código de Gobierno).

VI. DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN POLICIAL EXIGIDA DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL 6254(f).

A. Información que obligatoriamente debe darse a conocer al arrestar a un individuo o más.

1. A quién debe suministrarse la información: al público.

2. Información que debe divulgarse:

(a) Nombre completo, domicilio actual y ocupación del individuo arrestado;

(b) Descripción física del individuo arrestado, lo cual incluye su fecha de nacimiento, color de ojos y cabello, sexo, estatura y peso;

(c) Fecha y hora en que se produjo el arresto;

(d) Fecha y hora de apertura del expediente;

(e) Lugar donde se efectúa el arresto;

(f) Las circunstancias fácticas en torno al arresto;

(g) El monto fijado para la fianza;

(h) La hora y forma liberación o el lugar donde el individuo se encuentra detenido; y

(i) Todos los cargos que se le imputan al individuo detenido, incluso otros pedidos de captura pendientes provenientes de otras jurisdicciones y libertad condicional o bajo vigilancia en suspenso.

3. Excepciones a la obligación de divulgar información. Es posible retener una parte en particular de la información que obligatoriamente debe divulgarse, en los siguientes casos:

(a) Si la divulgación de esa información pondría en peligro la seguridad de la persona involucrada en una investigación; o

(b) Si la divulgación de esa información pondría en peligro la exitosa culminación de la investigación o una investigación relacionada.

B. Información cuya divulgación se requiere con relación a quejas o pedidos de asistencia recibidos de la repartición.

1. A quién debe divulgarse la información: al público.

2. Información que se tiene que divulgar:

(a) La hora, sustancia y lugar de todas las quejas o pedidos de asistencia;

(b) La hora y la naturaleza de la respuesta a las mismas;

(c) Si la información referida a los delitos supuestos o cometidos o cualquier otro incidente investigado, está registrada:

(1) La hora, fecha y lugar donde se produjo el presunto delito u otro incidente;

(2) La hora y fecha de la denuncia;

(3) El nombre, la edad y la dirección actual de la víctima, salvo que: (1) el domicilio de una víctima de ciertos delitos que comprenden agresión sexual, castigo injustificable de un menor, interferencia con el ejercicio de los derechos civiles o lesiones físicas, no se darán a conocer; y (2) el nombre de la víctima de estos mismos delitos puede mantenerse oculto, a instancias de dicha víctima o los padres o el tutor, si la víctima es menor de edad.

3. Excepciones a las obligaciones de divulgar la información. Una parte en particular de la información que obligatoriamente debería revelarse puede retenerse:

(a) Si la divulgación de esa información pondría en peligro la seguridad de la persona involucrada en una investigación; o

(b) Si la divulgación de esa información pondría en peligro la exitosa culminación de la investigación o una investigación relacionada.

C. Información cuya divulgación se requiere, con referencia a incidentes causados por incendio premeditado, robo con escalo, incendio, explosión, latrocinio, hurto, vandalismo, robo de vehículos o un delito como el que se define en el Artículo 13960(c) del Código de Gobierno.

1. A quién debe divulgarse la información:

(a) Las víctimas del incidente o su representante autorizado;

(b) Una compañía de seguros contra la que se ha hecho el reclamo o podría hacerse, como resultado del incidente; y

(c) Toda persona que sufra una lesión física o daños o pérdidas en su propiedad, como resultado del incidente.

2. Información que debe divulgarse:

(a) Nombres y domicilios de las personas involucradas en el incidente;

(b) Nombres y domicilios de los testigos (distintos de los informantes confidenciales) del incidente;

(c) La descripción de cualquier bien involucrado;

(d) La fecha, hora y lugar del incidente;

(e) Todos los diagramas del incidente;

(f) Declaraciones de las partes involucradas en el incidente; y

(g) Las declaraciones de todos los testigos (distintos de los informantes confidenciales).

3. Excepciones a la obligación de divulgar información especificada:

(a) Cualquier parte de la información explicada más arriba —o toda— puede mantenerse confidencial:

(1) Si la divulgación de esa información pondría en peligro la seguridad de la persona involucrada en una investigación; o

(2) Si la divulgación de esa información pondría en peligro la exitosa culminación de la investigación o una investigación relacionada.

(b) No es necesario revelar la parte de los archivos de investigación que refleja el análisis o las conclusiones del oficial de investigaciones.
__________________________________________________________________

1 § 54952(a) del Código de Gobierno.
2 § 54952(b) del Código de Gobierno.
3 79 Ops. Cal. Atty. Gen. 69 (1996).
4 § 54952(c)(1) del Código de Gobierno.
5 Este ejemplo proviene de un caso caratulado Epstein c/ Hollywood Entertainment District II Business Improvement Dist., 87 Cal. App. 4th 862 (2001). Además, de acuerdo con un fallo judicial en un caso caratulado Frazer c/ Dixon Unified School Dist., 18 Cal. App. 4th 781 (1993), un consejo, comité o comisión creada por un oficial gubernamental individual gobierno, más que por una repartición de gobierno local, también está sujeto a la Ley Brown, si la repartición local delegó al oficial individual las facultades de crear el comité u otro organismo.
6 § 54952(d) del Código de Gobierno.
7 § 54954.2(a) del Código de Gobierno.
8 § 54954.1del Código de Gobierno.
9 § 54956del Código de Gobierno.
10 § 54956.5del Código de Gobierno.
11§ 54954.2(a) del Código de Gobierno.
12 Ley Brown, Asambleas Abiertas para los Organismos Legislativos Locales, Fiscalía General del Estado, 2003, en pp. 16-17.
13 Véase 67 Ops. Cal. Atty. Gen. 84 (1984) (en su interpretación de la Ley Bagley-Keene).
14 §§ 54954.2(a), 54957.7(a) del Código de Gobierno.
15 § 54954.5 del Código de Gobierno.
16 Ley Brown, Asambleas Abiertas para los Organismos Legislativos Locales, Fiscalía General del Estado, 2003, en la p. 8.
17 En Sacramento Newspaper Guild c/ Sacramento County Bd. de Suprs. 263 Cal. App. 2d 41 (1968), el tribunal sostuvo que una reunión para almorzar, en la que participaron cinco supervisores del condado, el asesor del condado, diversos funcionarios del condado y representantes de un sindicato para debatir sobre una huelga que se estaba gestando contra el condado constituyó una asamblea dentro del significado que le confiere la Ley.
18 § 54952.2(b) del Código de Gobierno.
19 Stockton Newspapers, Inc. c/ Redevelopment Agency, 171 Cal. App. 3d 95, 105 (1985).
20 Common Cause c/ Stirling, 119 Cal. App. 3d 658 (1981).
21 Ley Brown, Asambleas Abiertas para los Organismos Legislativos Locales, Fiscalía General del Estado, 2003, en la p. 15, citando 84 Ops. Cal. Atty. Gen. 30 (2001).
22 Roberts c/ City de Palmdale, 5 Cal.4th 363, 381 (1993).
23 Frazer c/ Dixon Unified School District, 18 Cal. App. 4th 781, 796-798 (1993).
24 § 54952.2(c)(1) del Código de Gobierno.
25 § 54952.2(c)(2) del Código de Gobierno.
26 § 54952.2(c)(3) del Código de Gobierno.
27 § 54952.2(c)(4) del Código de Gobierno.
28 § 54952.2(c)(5) del Código de Gobierno.
29 § 54952.2(c)(6) del Código de Gobierno.
30 § 54954(c) del Código de Gobierno.
31 § 54954(a) del Código de Gobierno.
32 Véase en general, §§ 54956, 54956.5 del Código de Gobierno.
33 §§ 54953(a), 54953.2 del Código de Gobierno.
34 § 54953.3 del Código de Gobierno.
35 § 54953.5 del Código de Gobierno.
36 § 54953.6 del Código de Gobierno.
37 § 54957.5 del Código de Gobierno.
38 Véase en general, § 54957.5(d) del Código de Gobierno.
39 § 54954.3(a) del Código de Gobierno.
40 § 54954.3(b) del Código de Gobierno.
41 § 54954.3(c) del Código de Gobierno.
42 Baca c/ Moreno Valley Unified School Dist., 936 F. Supp. 719 (C.D. Cal. 1996); Leventhal c/ Vista Unified School Dist., 973 F. Supp. 951 (S.D. Cal. 1997).
43 § 54956.7 del Código de Gobierno.
44 § 54956.8 del Código de Gobierno.
45 § 54956.9 del Código de Gobierno.
46 § 54957(a) del Código de Gobierno.
47 § 54957(b) del Código de Gobierno.
48 § 54957.6(a) del Código de Gobierno.
49 Véanse §§ 54956.86, 54956.87, 54956.95, 54957.8, y 54957.10 del Código de Gobierno. Como estas disposiciones tienen una aplicación mucho más limitada, no se han abordado en este contexto.
50 § 54956.8 del Código de Gobierno.
51 § 54954.5(b) del Código de Gobierno.
52 § 54956.9 del Código de Gobierno.
53 § 54956.9(a), (b), (c) del Código de Gobierno.
54 § 54954.5(c) del Código de Gobierno.
55 § 54959 del Código de Gobierno.
56 § 54957(a) del Código de Gobierno.
57 § 54954.5(e) del Código de Gobierno.
58 § 54957(b) del Código de Gobierno.
59 § 54954.5(e) del Código de Gobierno.
60 § 54957(b)(4) del Código de Gobierno.
61 § 54957(b)(1) del Código de Gobierno.
62 § 54954.5(f) del Código de Gobierno.
63 § 54957.1(a)(1) del Código de Gobierno.
64 § 54957.1(a)(2), (3) del Código de Gobierno.
65 § 54957.1(a)(4) del Código de Gobierno.
66 § 54957.1(a)(5) del Código de Gobierno.
67 § 54957.1(a)(6) del Código de Gobierno.
68 § 54957.1(b) del Código de Gobierno.
69 § 54957.2 del Código de Gobierno.
70 § 54957.2 del Código de Gobierno.
71 § 54960(b) del Código de Gobierno.
72 § 54960(a) del Código de Gobierno.
73 § 54960(a) del Código de Gobierno.
74 § 54960(a) del Código de Gobierno.
75 § 54960.1(a) del Código de Gobierno.
76 § 54960.1(b) del Código de Gobierno.
77 § 54960.1(c) del Código de Gobierno.
78 § 54960.1(c) del Código de Gobierno.
79 § 54060.5 del Código de Gobierno.
80 La Ley de Registros Públicos de California está codificada en los Artículos 6250-6277 del Código de Gobierno.
81 § 6252(e) del Código de Gobierno.
82 § 6252(a) del Código de Gobierno.
83 §§ 9070-9080 del Código de Gobierno.
84 § 6252(b) del Código de Gobierno.
85 La Constitución de California en su Artículo 3(b)(1) de la Sección I, establece lo siguiente: “Las personas tienen el derecho de acceder a la información referida a la realización de los negocios del pueblo y, por ende, la asamblea de organismos públicos y los escritos de los funcionarios y reparticiones públicas estarán abiertos al escrutinio público”. Aunque otras disposiciones de la Propuesta 59 limitan su aplicación a la Legislatura, ninguno de los contenidos vertidos en la Propuesta 59 limita expresamente, exime o limita su aplicación al poder judicial del gobierno. Sin embargo, la aplicación de la Propuesta 59 a los tribunales u organismos administrativos judiciales todavía no se ha determinado.
86 § 6252(g) del Código de Gobierno.
87 §§ 6252(e), 6253.9 del Código de Gobierno.
88 Véase, por ejemplo., California State University c/ Tribunal Superior, 90 Cal. App. 4th 810, 824-25 (2001); San Gabriel Tribune c/ Tribunal Superior, 143 Cal. App. 3d 762, 774 (1983).
89 Assembly Comm. on Statewide Information Policy, Apéndice 1 al Journal of Assembly (1970 Reg. Sess.) Informe final p. 9.
90 Véase, por ejemplo, New York Times Co. c/ Tribunal Superior, 52 Cal. App. 4th 97 (1997).
91 Véase, por ejemplo, § 6254.3 del Código de Gobierno (que exceptúa los domicilios y números telefónicos particulares de los empleados estatales y de los empleados de distritos escolares y oficiales de educación del condado); el § 6254.4 del Código de Gobierno (el domicilio y número de teléfono particulares, así como también, otros datos que figuren en la ficha de registro del votante quedan exentos); el § 6254.21 del Código de Gobierno (el domicilio o número de teléfono particulares de cualquier funcionario electo o designado no se publicará en la Internet).
92 Véase, por ejemplo, Bakersfield City School Dist. c/ Tribunal Superior, 118 Cal. App. 4th 1041, 1045-46 (2004);
American Federation of State, County and Municipal Employees c/ Regents of the University of California, 80 Cal. App. 3d 913, 918 (1978).
93 § 6253.9(a) del Código de Gobierno.
94 § 6253(a) del Código de Gobierno.
95 § 6253.4 del Código de Gobierno.
96 § 6253(b) del Código de Gobierno.
97 § 6253(c) del Código de Gobierno.
98 § 6253(b) del Código de Gobierno.
99 § 6253(b) del Código de Gobierno.
100 North County Parents Organization c/ Department of Education, 23 Cal. App. 4th 144, 146 (1994).
101 85 Ops. Cal. Atty. Gen. 225 (2002).
102 § 6253.9(f) del Código de Gobierno.
103 § 6253.5(a)(2) del Código de Gobierno. Pero véase § 6253.9(b) del Código de Gobierno.
104 § 6253(a) del Código de Gobierno.
105 § 6276.12 del Código de Gobierno, referido a los Artículos 11076, 11077, 11081, 13201, y 13202 del Código Penal
106 § 6276.30 del Código de Gobierno, referido al Artículo 56.16 del Código Civil.
107 § 6276.12 del Código de Gobierno, referido al § 1161.2 del Código de Procedimientos Civiles.
108 § 6276.42 del Código de Gobierno, referido al § 62124 del Código de Alimentos y Agricultura.
109 § 6275del Código de Gobierno.
110 Véase International Federation of Professional and Technical Engineers, Local 21, AFL-CIO c/. Tribunal Superior, 128 Cal. App. 4th 586 (2005), revisión otorgada, 32 Cal.Rptr. 3d 1 (27 de julio de 2005).
111 American Federation of State, County and Municipal Employees c/ Regents of the University of California, 80 Cal. App. 3d 913, 918. (1978) (“AFSCME”). Accord, Bakersfield City School Dist. c/ Tribunal Superior, 118 Cal. App. 4th 1041, 1044, 1046 (2004) (“Bakersfield”).
112 Id.
113 Condado de Los Ángeles c/ Tribunal Superior (Axelrad), 82 Cal. App. 4th 819, 830 (2000).
114 Ciudad de Los Ángeles c/ Tribunal Superior, 41 Cal. App. 4th 1083(1996).
115 § 6254(b) del Código de Gobierno (“… hasta que el litigio o reclamo pendiente se haya resuelto finalmente o arreglado de algún otro modo”.).
116 Fairley c/ Tribunal Superior, 66 Cal. App.4th 1414, 1422, n. 5 (1998).
117 Williams c/ Tribunal Superior, 5 Cal. 4th 337, 356 (1993).
118 Id., en 361-62.
119 Times Mirror Co. c/ Tribunal Superior, 53 Cal. 3d 1325, 1342 (1991).
120 § 6254 del Código de Gobierno (“Ninguna de las disposiciones de este artículo impide que ninguna repartición abra sus registros referidos a la administración de la repartición de inspección pública, a menos que la divulgación se haya prohibido por ley de alguna otra manera”.).

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